Operacion Pretoria

LA operación “pretoria” es una pieza separada de otra investigación realizada a finales de 2005 por la Fiscalia Anticorrupcion en la que se bloquearon cuentas bancarias por valor de mas de 2.000 millones de euros, principalmente en el Banco Espiritu Santo, que los 14 imputados intentaban colocar en paraísos fiscales.

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Las espectaculares detenciones de hoy arrancan en realidad de hace cuatro años. Según fuentes de la investigación, Garzón inició la operación el año 2007, y estaría relacionada con la de 2005. El juez Garzón imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capital, también según fuentes jurídicas.

Entonces (1-12-06) los investigadores registraron varios despachos de abogados que habían creado estructuras fiduciarias para que sus clientes pudieran evadir dinero. Servicios que se ofrecían a particulares y empresas. Entre estos despachos se intervino el bufette de abogados PETRUS, ubicado en Barcelona y cuyos responsables salieron en libertad después de depositar una fianza de 200 mil euros. En esa operación también fueron interrogados el presidente de Burberrys españa (Eugenio Mora 500 mil euros de fianza) o el presidente de Damm Demetrio Carceller.

El fiscal anticorrupción Luis Pastor habia llegado a esta trama tirando del hilo de una pesquisa mas antigua que se remonta a la investiacion de Garzon de las cuentas de la Expo 92 (Sevilla).

En aquella epoca, mayo de 2000, un registro policial en el Banco BBVA-privanza (buscando dinero de la expo sevillana) descubrio un manual secreto de productos fiduciarios y “cuenta corresponsal” que fueron usadas, al parecer, como una guia practica para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

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Lo que hizo Felix Millet en Agrupació Mutua

La DGS llegó al convencimiento de que Fèlix Millet había exportado a la aseguradora las prácticas que llevó acabo en el Palau y que están siendo investigadas

Agrupació Mútua era a principios de este año una aseguradora en apuros por la concentración de sus inversiones en el mercado inmobiliario y con pérdidas técnicas en su negocio asegurador, por la caída de primas y el aumento de solicitudes de cobro de prestaciones derivados de la crisis.

Pero a la vuelta del verano, tras estallar el escándalo del Palau, el goteo de revelaciones sobre las prácticas del hasta entonces presidente, Fèlix Millet, llevó a Seguros al convencimiento de que sus irregularidades y corruptelas también afectaban a la gestión de la mutua, donde no funcionaban los mecanismos de control interno.felix-millet-2

En los primeros días de octubre, la DGS constató que los nuevos gestores continuaban los errores de los antiguos. Josep González acababa de acumular a sus diversos consejos y a la presidencia de la mutua la presidencia de Amci Habitat; Agrupació se disponía a inyectar 3 millones de sus ya maltrechas reservas técnicas a la inmobiliaria y anunció su rechazo a fusionarse, la única vía para que una mutua –que no tiene accionistas– se recapitalice. Demasiado para el director general de la DGS, Ricardo Lozano, que decidió que era necesario introducir cambios en la gestión.
La inspección, que en principio se encaminaba a la imposición de un plan de viabilidad y a una supervisión estrecha de su cumplimiento, desembocó en la sustitución de todo el consejo y el nombramiento de dos abogados, hombres de confianza de la DGS, como administradores. Ni el paraguas de la Generalitat, que negociaba la concesión de un crédito de 25 millones de euros del ICF para cubrir las necesidades de tesorería de la mutua, bastó ya para tranquilizar a la DGS, que asistía atónita a la pugna que libraban CiU y PSC dentro del propio consejo para apoyar a sus respectivos candidatos a la presidencia de la Agrupació, Josep González y Martí Parellada.

Desde que asumió la presidencia en el 2006 y, sobre todo, tras la salida del consejero delegado, Jordi Conejos, Millet llevó a la Agrupació algunos de los gestos de nepotismo que aplicaba en el Palau. Más que se duplicó las dietas (el cargo de presidente no es remunerado). Contrató al marido de una de sus hijas como número dos de Amci Habitat, la inmobiliaria que está en el origen de la crisis financiera de la Agrupació. Y empezó una frenética acumulación de cargos en las diversas empresas de Agrupació, de forma que cuando estalló el escándalo del Palau ocupaba la presidencia de una decena de ellas de las que obtenía ingresos en forma de sueldos y dietas, entre ellas Bankpime y Amci Habitat, las joyas de un grupo empresarial que ya veían acelerarse sus pérdidas. Según el equipo directivo que le relevó al frente de la mutua, encabezado por Josep González, las irregularidades no fueron más allá porque su cargo carecía de capacidad ejecutiva.

Fèlix Millet había protagonizado ya una operación polémica cuando era vicepresidente de la mutua: fue imputado por apropiación indebida de 300 millones de las antiguas pesetas del fondo de pensiones del antiguo Banco Consolidado, empresa que transformó en una sociedad de parques eólicos, Aersa, mientras la mutua adquiría su ficha bancaria para crear AM Banca, en una querella que finalmente se archivó.

Irónicamente, sin embargo, Millet forzó la salida de Jordi Conejos en verano del 2008 alegando la necesidad de introducir “corrección, prudencia y transparencia” en la gestión. Reprochaba al anterior consejero delegado su decisión de invertir en el mercado inmobiliario a destiempo (invirtió masivamente en el 2007, cuando ya empezaba la crisis del sector) y con contratos perjudiciales para la mutua: tomaba participaciones minoritarias, dejando la gestión en manos de sus socios, pero se comprometía a financiar los proyectos de forma ilimitada. Esta cláusula ha hecho que a una inversión relativamente modesta en capital en Amci Habitat (16 millones de euros) se haya sumado un crédito de 43 millones que la auditoría de BDO considera de difícil recuperación. La mutua, que tras la salida de Conejos negoció tomar el control de las sociedades en las que participaba, tiene ahora suelos en la costa en Italia, viviendas turísticas inacabadas en Bulgaria y promociones de segundas residencias en la costa española. El equipo de Millet estudió si estas operaciones podían dar lugar a emprender acciones legales de responsabilidad contra la gestión de Conejos.

Con Amci Habitat, Amci Rehabilitació (poseedora de pisos de renta antigua en Barcelona) o Amci BD (propietaria del solar de plaza Europa donde la mutua preveía levantar su nueva sede), Conejos quería repetir la estrategia que permitió a la mutua superar las fuertes pérdidas que acumulaba en el 2003, cuando asumió la gestión: generar plusvalías inmobiliarias con las que cubrir la baja rentabilidad del negocio asegurador. Una estrategia que le dio buenos resultados dos veces: Agrupació vendió Amrey a Enric Reyna con fuertes plusvalías que reinvirtió en crear Agrupación Inmobiliaria (Aisa), de la que obtuvo plusvalías de más de 70 millones de euros, dando entrada a nuevos socios y con su salida a bolsa. La operación no ha estado exenta de polémica: fueron la propia mutua y su filial Bankpime quienes colocaron bonos de deuda de Aisa entre sus clientes y mutualistas, que desde el año pasado no cobran intereses ni tienen buenas perspectivas de recuperar el principal al vencimiento. El tercer intento inmobiliario, Amci Habitat, acometido con los recursos obtenidos por la venta de Aisa, ha sido, en cambio, el verdugo de la Agrupació.

Fuente: La Vanguardia

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Millet pagó con dinero negro a partidos políticos, según Hacienda

En el desvío de fondos del Palau de la Música, propiedad de la Asociación Orfeó Català, también se usó dinero público, y el Gobierno catalán de Jordi Pujol lo sabía en junio de 2003.

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La auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas indica que en 2001 y 2002 salieron del consorcio 539.424 euros insuficientemente justificados en concepto de “colaboraciones” hacia la Asociación Orfeó Català, también presidida por Felix Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos. La Sindicatura de Cuentas ya había advertido un año antes que estas aportaciones eran irregulares.

El Palau de la Música Catalana, se nutría a través de dos instituciones: el consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen del desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificó el presupuesto sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.

La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros. El Palau justificó esa inyección de dinero como “una cuantía variable por colaboraciones”. La advertencia era ya suficiente para alertar a Economía, encabezada por el convergente Francesc Homs, que había recibido otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía de que esos pagos del consorcio a la asociación eran prácticas irregulares. Fuentes consultadas se extrañan de que la intervención no abundara más en esas aportaciones, puesto que las relaciones entre entidades suelen analizarse más por el riesgo que conllevan.

El empleo irregular del dinero no terminó ahí. El interventor constató que los contratos de Millet y Montull eran “verbales”. Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más del 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que en 2008 fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo sobre las cuentas del consorcio del Palau catalán también advirtió de que en el año 2002 no se realizaron “los arqueos de caja”, es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que constaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista.

Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye “el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda”. Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Fuente: El País

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