La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado hoy que “los grupos municipales del PPC en toda Catalunya presentarán mociones en sus ayuntamientos, como ya ha hecho Alberto Fernández Díaz en Barcelona, para obligar a que se comuniquen a la Delegación del Gobierno, y a través de ellos a la policía, las presuntas situaciones de inmigración irregular que se detecten en los empadronamientos”. Asimismo, ha explicado que el PPC presentará una propuesta de resolución en el Parlament “en la que pediremos al consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, que se dirija a todos los ayuntamientos para que cumplan estrictamente la ley y remitan los datos del padrón en la Delegación del Gobierno”. Para la presidenta del PPC, “es obligación de los ayuntamientos cumplir las leyes e informar si se tiene conocimiento de una posible ilegalidad y es obligación del Gobierno verificar la información y actuar en consecuencia.

Sánchez-Camacho ha reclamado a todos los partidos “salido de la política del buenismo en materia de inmigración, es necesaria una política firme, valiente y decidida de lucha contra la inmigración ilegal porque nos perjudica a todos”. En este sentido, ha señalado que “en tiempos de crisis, los primeros afectados por la inmigración ilegal son los inmigrantes en situación regular”. Así, ha explicado que en Cataluña actualmente hay 135.000 extranjeros regularizados en paro, un 22,4% del total de parados. “La consolidación de la inmigración ilegal les perjudica, por las derivaciones en la economía sumergida, los problemas de marginalidad y de convivencia que se pueden generar”, ha añadido.

Sánchez-Camacho ha afirmado que el PPC es el único partido que siempre ha dicho lo mismo en materia de inmigración, ya sea en periodo electoral o no: consideramos la inmigración como un hecho extraordinariamente positivo, siempre que ésta sea legal e integrada y para ello es necesario que se cumplan las leyes y se controlen las fronteras y los flujos de inmigrantes “. Contrariamente, ha criticado el “doble lenguaje de CiU en materia de inmigración”, que apoyó la ley del PSOE que permitió las regularizaciones masivas y ahora no quiere empadronar a los inmigrantes ilegales. “CiU ya nos tiene acostumbrados a este doble lenguaje, no sólo en cuanto a inmigración sino en temas como el aborto o la política económica del PSOE”.

Asimismo, ha considerado que el pacto por la inmigración impulsado por el Gobierno tripartito “se ha quedado en papel mojado y no ha sido un verdadero instrumento para la integración”. Por otra parte, ha criticado “la mala política de inmigración del PSOE que ha permitido que ahora mismo haya en España 1.200.000 inmigrantes en situación irregular en España, por la falta de control de las fronteras y los flujos migratorios”.

RESPUESTA A LA SENTENCIA DEL ESTATUT

En cuanto a la posible sentencia del TC sobre el Estatut, Sánchez-Camacho ha reiterado que “la sentencia se debe respetar y acatar, nos guste o no. Yo apuesto por un estatuto constitucional que sea de todos, mientras otros apuestan por un estatuto que sea solo de ellos”. En este sentido, ha criticado la irresponsabilidad de Artur Mas en asegurar que no aceptará ninguna sentencia que modifique el estatuto.

Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones del conseller Joan Manuel Tresserras afirmó que la respuesta a la sentencia del estatuto debería ser un gobierno de unidad. “Me parece sorprendente, de ciencia ficción, que Tresserras apele a un gobierno de unidad cuando no son capaces de entenderse ni entre ellos y han sido el gobierno de las contradicciones y las críticas internas”.